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 A partir de los datos disponibles, parece evidente que los desahucios y la problemática en torno a los préstamos hipotecarios o los impagos de alquileres han alcanzado en nuestro país, desde el surgimiento de la crisis económica, una especial virulencia, hasta el punto que se ha llegado a hablar, junto a dicha crisis económica, de crisis habitacional.

La destrucción de empleo y la consiguiente merma de ingresos de numerosas familias han desencadenado toda una cascada de deudores de buena fe que no podían, que no pueden hacer frente a sus obligaciones hipotecarias o del alquiler, lo que a su vez ha derivado en una multiplicación de los procedimientos de ejecución y lanzamiento, con la pérdida de la vivienda por parte de esas familias o incluso de sus avalistas, muchas veces familiares directos, pérdida que en muchas ocasiones ha conllevado además mantener una parte importante de la deuda contraída con las entidades bancarias. Todo lo cual se ha traducido en un crecimiento importante de la exclusión social.

Para intentar abordar tal problemática de modo integral, es que se crea esta Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, cuya finalidad es, desde una óptica de defensa del derecho a la vivienda como derecho humano universal, prevenir las situaciones de exclusión social que puede conllevar la pérdida de la vivienda habitual, a causa de circunstancias sobrevenidas que dificulten o impiden el pago de la deuda hipotecaria o del alquiler, o que hubieran dado lugar a una ocupación irregular.

2002.04.03. ayuntamiento gran capitan09













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